Alianzas entre eléctricas y operadores impulsan un mercado de centros de datos que se multiplicará por seis hasta 2030.

El acceso a red, el suelo conectado y la energía renovable 24/7 son claves para ejecutar proyectos, mientras se analiza el Real Decreto de sostenibilidad.

SPAIN, October 28, 2026 /EINPresswire.com/ -- El desarrollo de centros de datos en España ha entrado en una fase en la que el acceso a la energía pesa tanto como la tecnología. Los análisis más recientes de EY, CBRE y PwC coinciden en que la disponibilidad de potencia y de conexión a red se ha convertido en el principal condicionante para materializar la cartera de proyectos. En ese contexto, las alianzas entre compañías eléctricas y operadores de centros de datos se consolidan como una vía para acelerar la inversión y reducir la incertidumbre de los proyectos.

Un mercado que podría multiplicarse casi por seis

Según el informe de EY sobre el impacto del Proyecto de Real Decreto de centros de datos del Gobierno de España, publicado el 16 de octubre, España podría pasar de 439 MW de potencia computacional instalada a unos 2.500 MW en 2030. El mismo análisis estima que ese crecimiento movilizaría 66.900 millones de euros de inversión acumulada y más de 16.000 empleos.

CBRE, en su informe Iberian Data Center Market, calcula que la península ibérica tiene un potencial ejecutable de 4,5 GW IT a medio plazo, frente a los 10,5 GW IT anunciados. La consultora atribuye la diferencia a que solo en torno al 40% de los proyectos cuenta con respaldo identificable de capital institucional, y señala el acceso a la energía y la certidumbre regulatoria como claves para cerrar esa brecha.

Energía y red, el factor que decide los plazos

El informe Global Data Centre de PwC identifica la capacidad de transporte, la disponibilidad de subestaciones y los plazos de suministro de transformadores como los principales cuellos de botella del sector a escala global. Según PwC, los operadores capaces de asegurar capacidad eléctrica antes que sus competidores captarán una parte desproporcionada del crecimiento.

En España, el estudio elaborado por PwC para Aelec sobre la planificación eléctrica recoge que el borrador 2025-2030 prevé atender 3,8 GW de demanda de centros de procesamiento de datos desde la red de transporte. El mismo estudio señala que el 54% de las posiciones de red analizadas acumula retrasos, con una demora media de 5,7 años.

Eléctricas y operadores: una alianza de intereses complementarios

Ante este escenario, la colaboración entre compañías eléctricas y operadores de centros de datos gana peso como fórmula para ejecutar proyectos. El reparto de papeles es complementario: las eléctricas aportan lo más escaso (posiciones y acceso a red, suelo con conexión y capacidad para contratar suministro renovable estable), mientras que los operadores aportan demanda, conocimiento de la operación digital y relación con los clientes finales. Para los proyectos, estas alianzas permiten asegurar potencia antes que la competencia, la ventaja que señala PwC, y ofrecer más garantías a los inversores, algo relevante si solo el 40% de las iniciativas cuenta con respaldo institucional identificable, según CBRE. A ello se suma que la exigencia regulatoria de cobertura renovable hora a hora refuerza el atractivo de acuerdos con generadores capaces de combinar producción, almacenamiento y suministro.

El debate regulatorio

El Proyecto de Real Decreto, impulsado por el Gobierno de España, busca que los nuevos consumos de los centros de datos se apoyen en nueva generación renovable. En su versión inicial exigía que el 80% del consumo procediera de nueva capacidad renovable (adicionalidad) y que ese porcentaje se cubriera hora a hora.

Sobre esa versión se elaboró el análisis de EY, que simuló el cumplimiento de ambos requisitos para los 3,5 GW de centros de datos que contempla la estrategia nacional de IA. El resultado sería un parque de 26,8 GW solares, 8,8 GW eólicos y 14,2 GW de baterías, con un coste de suministro de 133,07 €/MWh, 2,4 veces el precio de futuros para 2030. La consultora estima que podrían quedar comprometidos entre 53.600 y 60.300 millones de euros de inversión, y propone alinear la norma con la regulación europea.

Pero la actualidad ha avanzado de nuevo: el 26 de octubre, el Gobierno remitió al Consejo de Estado una versión revisada del texto. La nueva redacción mantiene el 80%, pero amplía de 18 a 36 meses la antigüedad admisible de determinadas instalaciones renovables e incorpora más flexibilidad para el almacenamiento y la fotovoltaica. Además, introduce un régimen transitorio de hasta cinco años para cumplir plenamente la correlación horaria, vinculado a mecanismos de reducción automática de potencia.

Con una cartera de proyectos sin precedentes y una red que necesita años para ampliarse, la capacidad de coordinar energía, suelo y operación digital se perfila, según los informes analizados, como uno de los elementos que determinarán qué parte de esa inversión llega a ejecutarse en España.

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Atrevia Comunicación SLU